En la ley puede encontrarse el delito de prevaricación bajo diferentes formas. Existe el delito de prevaricación como tipo básico y la prevaricación administrativa, judicial y el nombramiento ilegal. Dependiendo de cada una de ellas, las penas aplicables serán diferentes.
En la ley figura también el delito de nombramiento ilegal directamente relacionado con la prevaricación. Así es importante explicar, en detalle, los mismos.
¿Qué es prevaricación?
El código penal define la prevaricación como un delitos que conlleva a un castigo y se da en el momento que un funcionario u autoridad pública o un juez cometa actos de comportamiento que resulten contrarios a sus deberes y responsabilidades asumidos en el puesto público al que está asignado, quebrantando su profesionalismos y la confianza que en él debería recaer. Esto, a su vez, afecta de manera directa e indirecta a la Administración Pública.
En el apartado de delitos contra la administración pública se recoge la prevaricación como un delito especial cometido por sospecharse y descubrirse que una autoridad o funcionario público ha cometido un hecho ilícito, tal como lo establece el art. 24 del Código Penal.
Es importante recordar que tanto la malversación que es el uso indebido de un patrimonio público, así como el cohecho que se relaciona con el soborno, suelen confundirse con la prevaricación. Para conocer las diferencias es recomendable repasar casa una de ellas.
Prevaricación administrativa
Cuando se habla de delito de prevaricación administrativa hacemos referencia a que una autoridad pública o autónoma, conociendo de la injusticia de una resolución, la dictare en un asunto administrativo. En otras palabras, esto se puede reconocer como abuso de autoridad y se observa cuando el funcionario resuelve a favor o en contra del interesado, así crea un prejuicio y por ende una irregularidad en todo el proceso. El dolo (es decir la voluntad que tuvo de cometer el hecho a sabiendas del daño o perjuicio a otro) se presenta y se considera como delito, ya que el autor, en este caso el funcionario, actuó por su propia voluntad. Véase la regulación en el artículo 404 del Código Penal.
Al darse este delito de prevaricación se atenta directamente a la Constitución Española, en su artículo 9 que reza:
“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
A los responsables de este delito se les impone una pena de inhabilitación especial a su cargo público. Además se le inhabilita para el sufragio pasivo en un periodo que comprende de 9 a 15 años.
Delito de nombramiento ilegal
El artículo 405 del Código Penal señala respecto al delito de nombramiento ilegal que se castiga a la autoridad o funcionario público en función que, a sabiendas de la ilegalidad del acto, nombre, proponga y dé posesión a una persona para el ejercicio público, sin que éste presente los requisitos legalmente establecidos
Dado el delito se podrá multar entre 3 y 8 meses y se pedirá una suspensión de su empleo o cargo de 1 hasta por 3 años.
A su vez, para la persona que acepta el cargo público por nombramiento ilegal, el artículo 406 también debe aplicarse un castigo, ya que aun conociendo que no tienen ni cumplió con los requisitos legales para el cargo, tomó el mismo.
En este caso en particular a este interesado se le aplica pena de multa entre 3 a 8 meses y la suspensión de empleo o cargo público por un período de 6 meses a 2 años.
Prevaricación judicial
Hay otras formas de prevaricación que se presentan en el código penal. No están dentro del apartado de delito contra la administración pública pero afectan a la administración de justicia, entre estos tenemos:
- Delito de prevaricación judicial (artículo 446 del C.P.)
- Delito de prevaricación de abogados y procuradores (artículo 467 del C.P.)
En el caso de que la prevaricación se presente en jueces o magistrados y estos dicten una resolución o sentencia que se manifieste injusta, esto a sabiendas de que están cometiendo un hecho que va en contra de la ley, estaremos ante una prevaricación judicial.
Algunos ejemplo más de este delito los encontramos: cuando un juez retrasa sin justificativo la tramitación de un proceso judicial de forma intencionada. Otra muestra es clara de este delito lo encontramos en el momento que ya sea juez o magistrado se nieguen a juzgar una causa judicial.
¿Qué penas serán aplicables a la prevaricación judicial?
- Prisión de uno a cuatro años: si se demuestra que hubo una sentencia injusta contra un reo en una causa criminal ya fuere por delito grave o menos grave y la sentencia aplicada no hubiera llegado a ejecutarse. Igualmente sucederá si esta misma pena está en su mitad superior. Pero si la pena sí se ha ejecutado entonces la multa será de doce a veinticuatro meses. Igualmente para todos los casos deberá imponerse además, la inhabilitación absoluta por un tiempo que va de los diez a los veinte años.
- Pena de multa de seis a doce meses así como la inhabilitación especial para su empleo y/o cargo público por un plazo de seis a diez años. Esto en caso de que se tratare de una sentencia injusta contra el reo que fue dictada en proceso por undelito leve.
- Pena de multa de doce a veinticuatro meses así como la inhabilitación especial para su empleo y/o cargo público por tiempo que comprende de diez a veinte años. Esto cuando el juez o magistrado llegara a dictar cualquier otra sentencia o resolución que se considere
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